Aunque no existe un cálculo oficial, varias organizaciones indican que las rentas de las "convivir" solo por las extorsiones superan los 37 mil millones de pesos al año.
Juan Daid Ortiz Franco | Medellín | Publicado el 30 de septiembre de 2014
Una cuota de 70 mil pesos mensuales por la vigilancia diurna y otra de 190 mil pesos por la nocturna es el precio que paga a las “convivir” un negocio formal ubicado a pocas cuadras del Parque de Bolívar. Las cobran dos agrupaciones distintas, una de ellas entrega a cambio una factura con el nombre de una cooperativa de vigilancia, la otra, un recibo de caja sin datos de contacto.
“Me imagino que se hablan, pero no sé si responden al mismo mando, si pertenecen al mismo grupo, no sé cómo funcionan”, dice el propietario de ese local comercial que paga en total 260 mil pesos mensuales en vacunas.
Pero ese es solo un ejemplo. Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, dice que en el centro se encuentran establecidas 20 mil empresas formales que generan cerca de 300 mil empleos. Aunque destaca las medidas que fueron anunciadas, como la llegada de 300 agentes de la Unipol para reforzar los planes de seguridad en ese sector, reconoce que el impacto económico que tiene la situación de inseguridad sobre los comerciantes formales ha generado cierres y desplazamientos.
“La migración se sintió. Lo que queremos es recuperarnos, pues el año pasado tuvimos que asistir al cierre o al traslado de 240 entidades empresariales. Este año fueron 150 en el primer semestre”, dice Soto. Esas empresas, según Fenalco, tuvieron disminuciones en sus ventas superiores al 30 por ciento.
Las cifras
Una cuota de 70 mil pesos mensuales por la vigilancia diurna y otra de 190 mil pesos por la nocturna es el precio que paga a las “convivir” un negocio formal ubicado a pocas cuadras del Parque de Bolívar. Las cobran dos agrupaciones distintas, una de ellas entrega a cambio una factura con el nombre de una cooperativa de vigilancia, la otra, un recibo de caja sin datos de contacto.
“Me imagino que se hablan, pero no sé si responden al mismo mando, si pertenecen al mismo grupo, no sé cómo funcionan”, dice el propietario de ese local comercial que paga en total 260 mil pesos mensuales en vacunas.
Pero ese es solo un ejemplo. Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, dice que en el centro se encuentran establecidas 20 mil empresas formales que generan cerca de 300 mil empleos. Aunque destaca las medidas que fueron anunciadas, como la llegada de 300 agentes de la Unipol para reforzar los planes de seguridad en ese sector, reconoce que el impacto económico que tiene la situación de inseguridad sobre los comerciantes formales ha generado cierres y desplazamientos.
“La migración se sintió. Lo que queremos es recuperarnos, pues el año pasado tuvimos que asistir al cierre o al traslado de 240 entidades empresariales. Este año fueron 150 en el primer semestre”, dice Soto. Esas empresas, según Fenalco, tuvieron disminuciones en sus ventas superiores al 30 por ciento.
Las cifras
“Vacunan a las prostitutas, a los taxis, a los vendedores de minutos y hasta a los hoteles. A un comerciante formal de una tienda pequeña le cobran entre 30 y 40 mil pesos semanales; mediana, entre 40 y 60 mil pesos; y las tiendas grandes, hasta 100 mil pesos a la semana. En el centro de Medellín quien ejerza actividad comercial, con certeza es vacunado”, dice Luis Guillermo Pardo, director del Centro de Consultoría de Conflicto Urbano (C3).
Según esa organización, cerca de 37 mil millones de pesos al año es la suma que se mueve por extorsiones en el centro de Medellín. Pese a sus dimensiones, representa solo una de las rentas ilícitas que obtienen las organizaciones armadas que operan en la comuna 10.
El análisis fue elaborado en 2012, pero el director de C3 sostiene que el monitoreo de esos datos ha permitido establecer que en los últimos dos años no se ha modificado de forma sustancial la magnitud de las extorsiones en el centro ni la estructura de las 42 “convivir” que, según esa organización, se asientan en esa zona de la ciudad.
Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) asegura que serían cerca de 35 las "convivir" con presencia en el centro. Para esa organización, aproximadamente el 80 por ciento de ellas estarían al servicio de la “Oficina" y el 20 por ciento restante bajo el mando de la banda criminal de "los Urabeños".
Fernando Quijano, director de esa ONG, sostiene además que las rentas de las extorsiones en la zona serían superiores a las que calcula el C3. A su juicio, son cerca de 55 mil las personas extorsionadas en el centro: comerciantes informales que están obligados a pagar desde 20 mil pesos mensuales, mientras los propietarios de grandes negocios pagan hasta dos millones de pesos. Por ejemplo, dice Quijano, los mecánicos informales del sector de Barrio Triste cancelan como mínimo 35 mil pesos semanales a cambio de la autorización de una “convivir” para trabajar en el sector.
Aunque las vacunas le dejan miles de millones de pesos a la delincuencia, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, el tráfico de estupefacientes sigue siendo el principal motor de la economía ilegal del centro de Medellín. Le siguen en orden la extorsión, el hurto y dos más que, de acuerdo con los investigadores, han tenido un notable ascenso en los últimos meses: el alquiler de armas y el expendio de licor adulterado.
Según la Fiscalía, solo una de las grandes plazas de vicio, la ubicada en los alrededores del Bazar de los Puentes, genera ingresos cercanos a los 45 millones de pesos diarios. Esa cifra se desprende del análisis de la venta promedio de sustancias como el bazuco, la marihuana, la cocaína, la heroína y el rivotril. En esa plaza, agrega la fuente de la Fiscalía, se pagan 54 mil pesos diarios a los vendedores de droga que ocupan uno de los más bajos eslabones de la cadena.
Sobre las rentas del tráfico de drogas, Corpades sostiene que en la comuna 10 operan alrededor de 100 plazas de vicio y que el consumo promedio de los habitantes de calle se ubica alrededor de 20 mil pesos diarios. Esa población en Medellín, la mayoría asentada en el centro, es de 3.250 personas, según el censo oficial contratado por la Alcaldía de Medellín con la Universidad de Antioquia.
Los cálculos oficiales están en proceso
Luis Fernando Suárez, vicealcalde de Gobernabilidad de la Alcaldía de Medellín, dice que si bien algunas organizaciones han hecho públicas cifras sobre la magnitud del negocio de la ilegalidad en el centro, la Alcaldía no tiene elementos técnicos suficientes para validar o contradecir esos datos.
Coincide con la Fiscalía al afirmar que es el tráfico y el expendio de estupefacientes la mayor fuente de ingresos para esas agrupaciones: “Es claro para la Alcaldía de Medellín que la principal renta criminal que hoy tienen las estructuras delincuenciales en la comuna 10 es el microtráfico; en segundo lugar, la extorsión y la microextorsión. Esos dos delitos son los que, sin duda ,mayores recursos ilegales les generan".
Según Suárez, la Alcaldía avanza en un análisis junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para establecer con precisión a cuánto ascienden las rentas de las organizaciones delictivas de la comuna 10.
Sin embargo, dice el vicealcalde, ha sido difícil el diálogo entre los mismos organismos de seguridad para consolidar la información de inteligencia sobre lo que ocurre en el centro: “Nuestra responsabilidad directa es fortalecer la capacidad de los organismos de seguridad y justicia para que den mejores resultados, pero la Secretaría de Seguridad no es una central de inteligencia. Cuando nos sentamos con Sipol, Sijin, CTI, una de las cosas que hemos visto con preocupación es que cada uno tiene una información, pero son muy malos para compartirla”.
Esa información se enfoca en el número de organizaciones armadas y en la identidad de sus cabecillas: “Parte del trabajo en el que estamos concentrados hoy es en definir el organigrama de las estructuras delincuenciales que hay en la comuna 10 y cuáles son los objetivos que nos vamos a poner. Es fundamental saber el tamaño del problema en términos de estructuras, pero también saber quiénes son los cabecillas o sus integrantes para saber a qué nos estamos enfrentando”, dice Suárez.
Frente al panorama de la zona, las autoridades han promovido un plan de intervención que, según la Vicealcaldía de Gobernabilidad, se extendería hasta mediados de enero del próximo año e incluye, como acción principal, un aumento en el número de efectivos policiales en la comuna 10. Sin embargo, las estadísticas muestran que ese incremento continuado en el pie de fuerza, que empezó en 2012, no ha tenido los resultados esperados frente a los delitos de mayor impacto.
Coincide con la Fiscalía al afirmar que es el tráfico y el expendio de estupefacientes la mayor fuente de ingresos para esas agrupaciones: “Es claro para la Alcaldía de Medellín que la principal renta criminal que hoy tienen las estructuras delincuenciales en la comuna 10 es el microtráfico; en segundo lugar, la extorsión y la microextorsión. Esos dos delitos son los que, sin duda ,mayores recursos ilegales les generan".
Según Suárez, la Alcaldía avanza en un análisis junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para establecer con precisión a cuánto ascienden las rentas de las organizaciones delictivas de la comuna 10.
Sin embargo, dice el vicealcalde, ha sido difícil el diálogo entre los mismos organismos de seguridad para consolidar la información de inteligencia sobre lo que ocurre en el centro: “Nuestra responsabilidad directa es fortalecer la capacidad de los organismos de seguridad y justicia para que den mejores resultados, pero la Secretaría de Seguridad no es una central de inteligencia. Cuando nos sentamos con Sipol, Sijin, CTI, una de las cosas que hemos visto con preocupación es que cada uno tiene una información, pero son muy malos para compartirla”.
Esa información se enfoca en el número de organizaciones armadas y en la identidad de sus cabecillas: “Parte del trabajo en el que estamos concentrados hoy es en definir el organigrama de las estructuras delincuenciales que hay en la comuna 10 y cuáles son los objetivos que nos vamos a poner. Es fundamental saber el tamaño del problema en términos de estructuras, pero también saber quiénes son los cabecillas o sus integrantes para saber a qué nos estamos enfrentando”, dice Suárez.
Frente al panorama de la zona, las autoridades han promovido un plan de intervención que, según la Vicealcaldía de Gobernabilidad, se extendería hasta mediados de enero del próximo año e incluye, como acción principal, un aumento en el número de efectivos policiales en la comuna 10. Sin embargo, las estadísticas muestran que ese incremento continuado en el pie de fuerza, que empezó en 2012, no ha tenido los resultados esperados frente a los delitos de mayor impacto.
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