La marcha por el derecho al agua tuvo presencia de policías infiltrados

Fuente: Alianza de Medios Alternativos

En el marco de la discusión en contra del POT, el 21 de febrero, se realizó una marcha en la ciudad de Medellín. En ella las comunidades exigían agua potable de manera permanente, un servicio básico y fundamental para una vida digna. Esta marcha comenzó en el teatro Pablo Tobón Uribe y terminó con éxito al medio día en el centro administrativo La alpujarra.



Las exigencias de las comunidades de las comunas ocho y tres no son gratuitas, hay barrios en la comuna ocho, como es el caso de Llanaditas, donde el agua solamente llega una hora, aunque hay momento que ésta no llega, a lo que los habitantes se ven obligados a ir por agua potable al barrio Golondrinas, donde queda un tanque comunitario; pero, es de extrañar que estando estas comunas en la parte oriental de la ciudad, colindante con la represa de Piedras Blancas, no cuenten con agua potable directa desde allí.

Así, estas comunidades deciden movilizarse por un derecho fundamental como es el agua, y es muy extraño que no se garantice ese derecho por parte de epm, los cuales, además, tienen todos los elementos técnicos para hacer la respectiva conexión inmediata. Queda entonces esta pregunta: ¿será que la no conexión de este servicio ayuda para que los habitantes se desplacen de este lugar y le dejen el espacio al proyecto del jardín circunvalar, proyecto bandera del POT y de la administración de Aníbal Gaviria? A estos hechos se suman las amenazas en la parte alta de Enciso para que no se apoyen las manifestaciones en contra del POT y de las movilizaciones en defensa del territorio, el agua, la vivienda diga y la vida.

Cabe señalar, además, que la marcha por el derecho al agua estuvo fuertemente blindada por la policía y tres agentes de civil (sin identificación) que luego se supo hacía parte de esta institución, aquellos hombres tomaron fotos a los participantes de la marcha. Varios periodistas populares que se percataron del hecho fotografiaron a los agentes, estos, los infiltrados, hablaron con la policía, pidiendo la identificación de los periodistas. Mientras pasaba esto, se fueron del lugar los policías de civil con las fotos que tomaron; el policía que aseguró que eran personas de esa institución y que luego les pidió los documentos a los comunicadores populares portaba la identificación 106746 de la policía nacional.

Estos hechos se suman a la persecución que tienen las comunidades y organizaciones populares que pelean por los derechos a vivir en un territorio digno, comunitario y propio, y en contra de un proyecto pensado para los turistas y para maquillar la pobreza y la inexistencia del estado. Pero estos acontecimientos no lograron invisibilizar la marcha que llegó con éxito a La alpujarra en un grito por el agua, la vida y una nueva movilización el 27 de octubre contra el POT.