Organizaciones armadas estarían constituyendo empresas formales para consolidar el mercado que controlan en los barrios.
Juan David Ortiz Franco| Medellín | Publicado el 18 de septiembre de 2014
Algunos comercializadores de huevos aseguran que en casi todo el nororiente y en buena parte del occidente de Medellín sus productos están vetados por los combos. Según su denuncia, las agrupaciones armadas destierran a los vendedores tradicionales con amenazas y obligan a los tenderos a comprar solo los huevos de ciertos distribuidores que constituyen empresas legales, pero que actúan de la mano con los combos para quedarse con ese mercado.
La situación no es una novedad. Desde 2011 se registran denuncias públicas de comerciantes y agremiaciones que expresan su preocupación por la incursión de la ilegalidad en ese negocio. Sin embargo, pese a varias reuniones en las que se han informado del tema a las autoridades, los comercializadores dicen que el fenómeno ha tomado mayores dimensiones debido, según ellos, a que en los últimos meses los combos han avanzado en la constitución de empresas formales hasta apoderarse del 60 por ciento del mercado de los huevos.
“Están establecidos en sitios fijos de la ciudad con sus distribuidores, sus empleados y sus teléfonos. Algunos con vehículos y personal uniformado. Se han tomado la distribución amenazando al tendero porque no pueden recibir ningún otro huevo diferente al que ellos distribuyen”, dice uno de los comerciantes que pidió la reserva de su identidad.
Las presiones empezaron, dice otro de los distribuidores, en algunos sectores de La América y Barrio Cristóbal, luego pasaron al municipio de Bello y a los barrios Pedregal Santo Domingo y Popular. Desde allí se extendieron a Castilla, Robledo, Aranjuez, Manrique, Moravia, San Javier y Belén.
Esos barrios son solo algunos de los afectados por las amenazas. De acuerdo con su versión, los combos habrían encontrado en los huevos y en otros productos de la canasta básica, un mecanismo para recuperar las rentas que disminuyeron, principalmente en las comunas 4, 8 y 16, debido a la entrada de rutas alimentadoras y a la salida de flotas de transporte público que pagaban extorsiones para poder circular en los sectores controlados por los combos.
“Se fue extendiendo, se convirtió en una bola de nieve que fue creciendo en la medida en que el fenómeno tuvo resultados en algunas zonas. Hoy en día es más o menos el 60 por ciento de la ciudad, es un negocio muy lucrativo para ellos. Les da músculo financiero y económico para financiar otras actividades”, dice un directivo de una de las empresas tradicionales.
El coronel (r) Sergio Vargas Colmenares, secretario de seguridad de Medellín, dijo que varios casos de empresas conformadas por los combos tienen seguimiento en la actualidad por parte del Gaula de la Policía Metropolitana.
“Nosotros tenemos conocimiento de eso porque es una práctica notoria, pero tengo que aclarar que no hemos recibido denuncias específicas. Con base en ese conocimiento, le hemos dado la orientación al Gaula para que sea capaz de dar una línea de operación”, dijo Vargas.
Los comerciantes aseguran que en sus reuniones con las autoridades han identificado con nombre propio a por lo menos 15 empresas distribuidoras al servicio de los combos. Las investigaciones de las autoridades continúan, pero los vendedores tradicionales sostienen que sus negocios no resisten más perdidas.
Los nuevos dueños del negocio
Varios correos electrónicos enviados desde octubre de 2013 por varios distribuidores al comando de la Policía en el Valle de Aburrá y al director nacional de esa institución, general Rodolfo Palomino, incluyen un listado con el nombre de varias empresas comercializadoras de huevos que, según la denuncia, están al mando de grupos delincuenciales en varios sectores de Medellín y Bello.
Al contrastar ese listado con bases de datos públicas, El Colombiano constató que son empresas legalmente constituidas y aparecen registradas en la Cámara de Comercio de Medellín. El caso más llamativo se halló luego de verificar los antecedentes del representante legal de una distribuidora que controla el negocio en un sector del oriente de la ciudad. Se pudo establecer que se trata de un hombre capturado en 2004 por un homicidio múltiple, acusado por la Fiscalía de ser integrante de "la Oficina” y condenado a 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Fuentes del Inpec confirmaron que estuvo recluido en la cárcel Bellavista durante tres años y luego quedó en libertad condicional por decisión del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Medellín. Su identidad se omite, pues “actualmente no es requerido por autoridad judicial alguna”, según dice de forma textual el aplicativo para la consulta de antecedentes judiciales de la Policía Nacional. Esa condición y la falta de denuncias concretas en su contra permite que su incursión en el mercado de los huevos se vea como una actividad comercial legítima, pese a que los comerciantes tradicionales lo reconocen como uno de los encargados del constreñimiento y las amenazas.
El secretario de seguridad de Medellín insistió en que además de las declaraciones públicas por parte de los afectados, se requieren denuncias formales y con la mayor cantidad posible de detalles sobre los responsables de las intimidaciones: “Frente al tema de la extorsión o de esa práctica criminal, sí es importante una colaboración decidida para lograr la individualización de los responsables”, afirma el funcionario.
Pese a que los comerciantes reconocen no haber instaurado denuncias formales en la Fiscalía por temor al impacto que podría tener para su seguridad y la de sus trabajadores, algunos sostienen que sí han ofrecido detalles concretos en las reuniones que han tenido con las autoridades.
Uno de ellos asegura que en varias oportunidades ha entregado información con los alias de los supuestos responsables, placas de vehículos, direcciones y nombres de distribuidoras. Incluso, conserva una agenda con esa información en la que además registra las comunicaciones que ha sostenido con diversas instituciones desde mediados de 2013.
“Toda esa información la hemos entregado. A uno le exigen que vaya y dé la cara allá, pero antes de eso tenemos que cerrar el negocio y sacar a la familia y a todos los trabajadores”, dice el comerciante.
Por su parte, Pilar Fernández, directora ejecutiva de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, seccional Antioquia, dice que esa agremiación se ha mantenido al tanto de la situación y desde el año anterior ha hecho pronunciamientos sobre el caso. Sin embargo, sostiene que una de las mayores dificultades para denunciar de manera formal radica en que muchas veces las amenazas no se dirigen contra los avicultores ni a sus distribuidores, sino exclusivamente contra los tenderos para que no compren productos diferentes a los que comercializan los combos.
“El problema es que ese delito no se ha podido tipificar, eso es lo que nos han dicho todas las autoridades. Es el tendero al que le dicen ‘usted no le compre a este, cómpreme a mí'. Entonces el avicultor sabe que hay zonas a las que no puede entrar, pero no hay nada que nosotros realmente podamos denunciar”, dice Fernández.
El costo para consumidores y distribuidores
Al contrastar ese listado con bases de datos públicas, El Colombiano constató que son empresas legalmente constituidas y aparecen registradas en la Cámara de Comercio de Medellín. El caso más llamativo se halló luego de verificar los antecedentes del representante legal de una distribuidora que controla el negocio en un sector del oriente de la ciudad. Se pudo establecer que se trata de un hombre capturado en 2004 por un homicidio múltiple, acusado por la Fiscalía de ser integrante de "la Oficina” y condenado a 40 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Fuentes del Inpec confirmaron que estuvo recluido en la cárcel Bellavista durante tres años y luego quedó en libertad condicional por decisión del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Medellín. Su identidad se omite, pues “actualmente no es requerido por autoridad judicial alguna”, según dice de forma textual el aplicativo para la consulta de antecedentes judiciales de la Policía Nacional. Esa condición y la falta de denuncias concretas en su contra permite que su incursión en el mercado de los huevos se vea como una actividad comercial legítima, pese a que los comerciantes tradicionales lo reconocen como uno de los encargados del constreñimiento y las amenazas.
El secretario de seguridad de Medellín insistió en que además de las declaraciones públicas por parte de los afectados, se requieren denuncias formales y con la mayor cantidad posible de detalles sobre los responsables de las intimidaciones: “Frente al tema de la extorsión o de esa práctica criminal, sí es importante una colaboración decidida para lograr la individualización de los responsables”, afirma el funcionario.
Pese a que los comerciantes reconocen no haber instaurado denuncias formales en la Fiscalía por temor al impacto que podría tener para su seguridad y la de sus trabajadores, algunos sostienen que sí han ofrecido detalles concretos en las reuniones que han tenido con las autoridades.
Uno de ellos asegura que en varias oportunidades ha entregado información con los alias de los supuestos responsables, placas de vehículos, direcciones y nombres de distribuidoras. Incluso, conserva una agenda con esa información en la que además registra las comunicaciones que ha sostenido con diversas instituciones desde mediados de 2013.
“Toda esa información la hemos entregado. A uno le exigen que vaya y dé la cara allá, pero antes de eso tenemos que cerrar el negocio y sacar a la familia y a todos los trabajadores”, dice el comerciante.
Por su parte, Pilar Fernández, directora ejecutiva de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, seccional Antioquia, dice que esa agremiación se ha mantenido al tanto de la situación y desde el año anterior ha hecho pronunciamientos sobre el caso. Sin embargo, sostiene que una de las mayores dificultades para denunciar de manera formal radica en que muchas veces las amenazas no se dirigen contra los avicultores ni a sus distribuidores, sino exclusivamente contra los tenderos para que no compren productos diferentes a los que comercializan los combos.
“El problema es que ese delito no se ha podido tipificar, eso es lo que nos han dicho todas las autoridades. Es el tendero al que le dicen ‘usted no le compre a este, cómpreme a mí'. Entonces el avicultor sabe que hay zonas a las que no puede entrar, pero no hay nada que nosotros realmente podamos denunciar”, dice Fernández.
El costo para consumidores y distribuidores
“Nos preocupa que han salido muchos empleados de las distribuidoras y de las granjas encargadas del negocio desde hace más de 40 años, una tradición de distribución y producción de huevos para el consumo de los barrios en la ciudad que se ha ido perdiendo junto a la mano de obra”, dice uno de los comerciantes.
Aunque manejan cifras diversas, los distribuidores coinciden en que el aumento en los precios para el consumidor final es otra de la consecuencias del fenómeno. Algunos sostienen que el aumento en promedio es de mil pesos por canasta. Otros, sin embargo, aseguran que puede haber sobrecostos hasta del 50 por ciento.
“Las cuentas que hemos hecho es que estamos dejando de vender 300 mil huevos semanales, eso es más o menos tres millones de pesos. Además nos hemos dado cuenta de que un huevo que nosotros vendíamos a 130 pesos, ellos lo están vendiendo a 240”, dice el propietario de otra distribuidora.
El mismo comerciante también critica la posición de otros distribuidores que, pese a que rechazan la práctica de los combos, han cedido a sus presiones y en muchos casos les venden sus productos: “Sabemos que en Bello le compran directamente al productor, pero hay distribuidoras que les están haciendo el puente y, como ya no pueden salir a los barrios, le venden el huevo a los delincuentes. Si hacen eso, esto también se vuelve culpa de nosotros”.
Aunque manejan cifras diversas, los distribuidores coinciden en que el aumento en los precios para el consumidor final es otra de la consecuencias del fenómeno. Algunos sostienen que el aumento en promedio es de mil pesos por canasta. Otros, sin embargo, aseguran que puede haber sobrecostos hasta del 50 por ciento.
“Las cuentas que hemos hecho es que estamos dejando de vender 300 mil huevos semanales, eso es más o menos tres millones de pesos. Además nos hemos dado cuenta de que un huevo que nosotros vendíamos a 130 pesos, ellos lo están vendiendo a 240”, dice el propietario de otra distribuidora.
El mismo comerciante también critica la posición de otros distribuidores que, pese a que rechazan la práctica de los combos, han cedido a sus presiones y en muchos casos les venden sus productos: “Sabemos que en Bello le compran directamente al productor, pero hay distribuidoras que les están haciendo el puente y, como ya no pueden salir a los barrios, le venden el huevo a los delincuentes. Si hacen eso, esto también se vuelve culpa de nosotros”.
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