Reconocemos la Medellín construida por los excluidos de siempre: los desplazados del campo que llegaron a la ciudad a reconstruir sus vidas y construyeron barrios; la de los empobrecidos que no tuvieron la capacidad de adquirir vivienda en el mercado inmobiliario y dotaron de sentido un territorio. Reconocemos la creación histórica de los barrios de Medellín y la memoria de los habitantes de esos territorios que han defendido de la amenaza de diversos tipos de desalojos y conflictos.
El suelo urbano al que han accedido los sectores populares es fruto de las condiciones desiguales de ocupación y consecuencia de las marcadas desventajas sociales y económicas del grueso de la población para acceder a una vivienda de manera formal en la ciudad. Entendemos que la ciudad tiene múltiples formas de ocuparse y diversas formas de apropiación.
Como muestra, las más de 300 mil víctimas de desplazamiento forzado que viven en la ciudad y que no han obtenido una reparación integral o accedido a una restitución de vivienda, son quienes desde hace décadas construyen lugares habitables en una lucha constante por humanizar el espacio y poder permanecer en el territorio.
Sin embargo, la institucionalidad y la empresa privada han hecho del desplazamiento por el modelo de desarrollo, algo inevitable y la población más vulnerable sigue asumiendo altos costos sociales y económicos producto del traslado y la reubicación. La expulsión de población no puede producirse bajo el argumento de que las viviendas carezcan de escritura pública, pues reconocer la construcción de barrios informales supone la posesión de las viviendas y la inexistencia de títulos de propiedad.
Reclamamos el reconocimiento de las distintas formas de ocupación en la ciudad y las construcciones y las prácticas colectivas a través de las cuales se construyeron vías y senderos, centros de encuentro, escuelas, juntas de acción comunal y canchas, que han sido útiles a la comunidad.
Exigimos que se avance en programas de mejoramiento integral de barrios, orientados a proteger el hábitat popular mediante la adecuación del entorno: conexión de agua potable, redes de alcantarillado y mejoramientos de vivienda, canalización de aguas lluvias, obras de mitigación del riesgo; de manera que las personas y familias puedan seguir habitando el territorio en el que han construido tejido social.
Demandamos mayor atención, voluntad política y presupuesto para la gestión del riesgo en Medellín. Los estudios microzonificados deben concretar acciones para mitigar y disminuir las amenazas del riesgo, mediante la construcción y mantenimiento de alcantarillados de aguas lluvias y residuales, pilones, muros de contención, cunetas y andenes; es urgente avanzar en la rehabilitación y protección del suelo.
Exigimos acciones concretas de prevención y disminución del riesgo frente a omisiones de la misma Administración municipal con las cuales genera amenazas, dejando obras inconclusas, demoliendo viviendas sin los debidos procedimientos y sin recolección de escombros o construyendo muros de contención sin durabilidad; así mismo a EPM ante la falta de mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado que filtran sus aguas en la ladera, produciendo humedad y deslizamientos.
La gestión del riesgo no puede ser la desenfrenada evacuación y demolición de las viviendas; ninguna familia deberá ser desalojada y lanzada a un desplazamiento más sino se propician todas las medidas necesarias para proteger su vida y dignidad. En caso de haber reasentamiento, exigimos se les entregue una vivienda de manera inmediata, según sus necesidades y, en el barrio o alrededores.
Consideramos que Ciudadela Nuevo Occidente no se desarrolló integralmente para recibir a miles de familias y por tanto, mientras no se solucionen las problemáticas actuales de vivienda y acceso eficiente a servicios públicos domiciliarios, así como los problemas de cobertura en salud y educación, la Administración municipal no debería propiciar allí más reubicaciones ni las personas subsidiadas o afectadas por procesos de reubicación lo deberán permitir.
Reclamamos proyectos de viviendas dignas a corto y mediano plazo, que sean construidas con las comunidades, buscando ampliar los metros cuadrados de las nuevas casas y gestionando soluciones creativas que superen el subsidio pírrico que hasta ahora alcanza para una “caja de fósforos”. Que la política de vivienda en Medellín, no solo se dirija a impactar el índice cuantitativo de vivienda a través de los Macroproyectos, sino que aporte a la calidad habitacional, propiciando el empleo y promoviendo iniciativas de generación de ingresos para que las personas tengan sostenibilidad económica.
Exigimos mayor atención frente a la protección de derecho humano al agua de los sectores populares de la ciudad, acceso eficiente y continuo a las comunidades que ocupa los bordes que aún no cuentan con redes de acueducto, y mejoramiento y adecuación de las redes de quienes hoy reciben el servicio de alcantarillado de manera ineficiente y perjudicial.
El discurso de la participación no se puede seguir prestando para ser un instrumento que facilita la imposición arbitraria de proyectos institucionales que terminarían expulsando a la población y/o empeorando sus condiciones de vida; requerimos información clara y precisa de los planes y proyectos a ejecutar y las implicaciones que tendrán para los pobladores, de manera que se puedan concertar alternativas y concretar propuestas técnicas y sociales.
Siendo los barrios populares un acumulado histórico de humanización del espacio, reivindicamos la construcción social del hábitat y la permanencia de los habitantes frente a las intervenciones que la Administración Municipal y la EDU realizan en los barrios; el Estado debe reconocer la realidad de autoconstrucción de estos territorios y por tanto, sus proyectos deben ser definidos y concertados con la población.
El suelo urbano al que han accedido los sectores populares es fruto de las condiciones desiguales de ocupación y consecuencia de las marcadas desventajas sociales y económicas del grueso de la población para acceder a una vivienda de manera formal en la ciudad. Entendemos que la ciudad tiene múltiples formas de ocuparse y diversas formas de apropiación.
Como muestra, las más de 300 mil víctimas de desplazamiento forzado que viven en la ciudad y que no han obtenido una reparación integral o accedido a una restitución de vivienda, son quienes desde hace décadas construyen lugares habitables en una lucha constante por humanizar el espacio y poder permanecer en el territorio.
Sin embargo, la institucionalidad y la empresa privada han hecho del desplazamiento por el modelo de desarrollo, algo inevitable y la población más vulnerable sigue asumiendo altos costos sociales y económicos producto del traslado y la reubicación. La expulsión de población no puede producirse bajo el argumento de que las viviendas carezcan de escritura pública, pues reconocer la construcción de barrios informales supone la posesión de las viviendas y la inexistencia de títulos de propiedad.
Reclamamos el reconocimiento de las distintas formas de ocupación en la ciudad y las construcciones y las prácticas colectivas a través de las cuales se construyeron vías y senderos, centros de encuentro, escuelas, juntas de acción comunal y canchas, que han sido útiles a la comunidad.
Exigimos que se avance en programas de mejoramiento integral de barrios, orientados a proteger el hábitat popular mediante la adecuación del entorno: conexión de agua potable, redes de alcantarillado y mejoramientos de vivienda, canalización de aguas lluvias, obras de mitigación del riesgo; de manera que las personas y familias puedan seguir habitando el territorio en el que han construido tejido social.
Demandamos mayor atención, voluntad política y presupuesto para la gestión del riesgo en Medellín. Los estudios microzonificados deben concretar acciones para mitigar y disminuir las amenazas del riesgo, mediante la construcción y mantenimiento de alcantarillados de aguas lluvias y residuales, pilones, muros de contención, cunetas y andenes; es urgente avanzar en la rehabilitación y protección del suelo.
Exigimos acciones concretas de prevención y disminución del riesgo frente a omisiones de la misma Administración municipal con las cuales genera amenazas, dejando obras inconclusas, demoliendo viviendas sin los debidos procedimientos y sin recolección de escombros o construyendo muros de contención sin durabilidad; así mismo a EPM ante la falta de mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado que filtran sus aguas en la ladera, produciendo humedad y deslizamientos.
La gestión del riesgo no puede ser la desenfrenada evacuación y demolición de las viviendas; ninguna familia deberá ser desalojada y lanzada a un desplazamiento más sino se propician todas las medidas necesarias para proteger su vida y dignidad. En caso de haber reasentamiento, exigimos se les entregue una vivienda de manera inmediata, según sus necesidades y, en el barrio o alrededores.
Consideramos que Ciudadela Nuevo Occidente no se desarrolló integralmente para recibir a miles de familias y por tanto, mientras no se solucionen las problemáticas actuales de vivienda y acceso eficiente a servicios públicos domiciliarios, así como los problemas de cobertura en salud y educación, la Administración municipal no debería propiciar allí más reubicaciones ni las personas subsidiadas o afectadas por procesos de reubicación lo deberán permitir.
Reclamamos proyectos de viviendas dignas a corto y mediano plazo, que sean construidas con las comunidades, buscando ampliar los metros cuadrados de las nuevas casas y gestionando soluciones creativas que superen el subsidio pírrico que hasta ahora alcanza para una “caja de fósforos”. Que la política de vivienda en Medellín, no solo se dirija a impactar el índice cuantitativo de vivienda a través de los Macroproyectos, sino que aporte a la calidad habitacional, propiciando el empleo y promoviendo iniciativas de generación de ingresos para que las personas tengan sostenibilidad económica.
Exigimos mayor atención frente a la protección de derecho humano al agua de los sectores populares de la ciudad, acceso eficiente y continuo a las comunidades que ocupa los bordes que aún no cuentan con redes de acueducto, y mejoramiento y adecuación de las redes de quienes hoy reciben el servicio de alcantarillado de manera ineficiente y perjudicial.
El discurso de la participación no se puede seguir prestando para ser un instrumento que facilita la imposición arbitraria de proyectos institucionales que terminarían expulsando a la población y/o empeorando sus condiciones de vida; requerimos información clara y precisa de los planes y proyectos a ejecutar y las implicaciones que tendrán para los pobladores, de manera que se puedan concertar alternativas y concretar propuestas técnicas y sociales.
Siendo los barrios populares un acumulado histórico de humanización del espacio, reivindicamos la construcción social del hábitat y la permanencia de los habitantes frente a las intervenciones que la Administración Municipal y la EDU realizan en los barrios; el Estado debe reconocer la realidad de autoconstrucción de estos territorios y por tanto, sus proyectos deben ser definidos y concertados con la población.
"la solución no es eliminar los barrios, que son a la vez expresión de la inteligencia colectiva del pueblo y espacio de solidaridad y lucha, sino transformarlo para darle a sus habitantes vida digna...”
Manifiesto por la revolución urbana -Movimiento de Pobladoras y pobladores-
Septiembre de 2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario